CPJ y el IPYS señalan falta de
transparencia en caso de medio audiovisual venezolano*
Caracas (12 de enero del 2007).-
Una delegación conjunta del Comité para la Protección
de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y
el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) manifestó hoy su
alarma acerca de la falta de transparencia en la decisión
tomada por el presidente venezolano Hugo Chávez Frías
de no renovar la concesión de la televisora privada RCTV.
Esta semana, durante la cual
el presidente Chávez tomó posesión de su
tercer mandato, la delegación examinó las muy
polarizadas condiciones para el ejercicio del periodismo en
Venezuela. Los funcionarios del gobierno afirmaron que se enorgullecían
de fomentar la libertad de expresión en el contexto de
lo que ellos denominan "Socialismo del Siglo XXI".
Sin embargo, algunos periodistas le comunicaron a la delegación
que el gobierno castiga a los medios críticos impidiéndoles
el acceso a los actos y a las fuentes de gobierno, limitándoles
la publicidad oficial e imponiendo restricciones a los contenidos.
La disputa relativa a la concesión
televisiva de RCTV ha pasado a primer plano. En declaraciones
públicas efectuadas antes y después de la toma
de posesión del pasado miércoles, el presidente
Chávez aseveró que su gobierno no renovaría
la concesión de RCTV, que según el gobierno vence
el 28 de mayo. Los funcionarios gubernamentales, quienes plantean
que el Estado tiene el derecho de otorgar las frecuencias radioeléctricas
del modo que considere necesario, han indicado de modo general
que la televisora ha violado la legislación vigente.
RCTV niega las acusaciones y argumenta que el gobierno sencillamente
está suprimiendo a un medio crítico. RCTV, fundada
en 1953, se conoce por su línea editorial de férrea
oposición al gobierno.
La delegación conjunta
CPJ-IPYS se reunió con miembros de los medios privados
y estatales, funcionarios gubernamentales, ejecutivos de los
medios, defensores de la libertad de prensa, abogados y académicos
durante la semana. El CPJ es una organización no gubernamental
con sede en Nueva York que se dedica a promover la libertad
de prensa en todo el mundo, mientras que el IPYS es una organización
de libertad de prensa regional con sede en Lima, Perú.
La delegación está compuesta por Victor Navasky,
miembro del directorio del CPJ, destacado periodista estadounidense
y director emérito de la revista The Nation; Carlos Lauría,
coordinador del Programa de las Américas del CPJ; Sauro
González Rodríguez, consultor del CPJ; Ricardo
Uceda, director ejecutivo del IPYS; y Ewald Scharfenberg, director
de IPYS-Venezuela.
"Pese a nuestras reuniones
con altos funcionarios de gobierno, las normas y procedimientos
para la renovación de las concesiones se caracterizan
por la ambigüedad", manifestó Lauría.
"Exhortamos al gobierno a explicar con claridad los criterios
seguidos, realizar revisiones imparciales sobre la base de tales
criterios y otorgarles a las televisoras y emisoras de radio
la oportunidad de defenderse en un espacio neutral".
Uceda añadió: "Comprendemos
que el gobierno tiene el derecho de otorgar las frecuencias
radioeléctricas, pero esta función debe ejercerse
sobre la base de reglas claras y transparentes".
En un encuentro con la delegación,
el ministro de Comunicación e Información Willian
Lara declaró que la decisión de no renovar la
concesión de RCTV no fue un acto de represalia política.
Lara expresó que el gobierno no tenía que proporcionar
una fundamentación jurídica detallada porque no
estaba revocando la concesión, sino que estaba aplicando
un decreto de 1987 que disponía un plazo de 20 años
para la explotación de las concesiones.
Lara refirió que RCTV
había infringido la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión al transmitir, entre otras cosas,
programación de contenido sexual durante el horario diurno.
La Ley de Responsabilidad Social, aprobada en el 2004, ha recibido
numerosas críticas de parte de defensores de la libertad
de prensa por contener restricciones vagas y generales a la
libre expresión. El Artículo 29, por ejemplo,
les prohíbe a las televisoras y emisoras de radio la
difusión de mensajes que "promuevan, hagan apología
o inciten a alteraciones del orden público" o "sean
contrarios a la seguridad de la Nación".
Otros funcionarios de gobierno
han ofrecido una serie de acusaciones generales: que RCTV intentó
desestabilizar al gobierno venezolano, que violó la ética
periodística y que participó en el golpe de estado
de abril del 2002. José Vicente Rangel, quien se desempeñó
como vicepresidente hasta esta semana, declaró que la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el
organismo encargado de otorgar las concesiones para la explotación
de servicios de radio y televisión, había reunido
un expediente detallado de las violaciones de RCTV y había
seguido un proceso previo a la toma de la decisión.
La delegación trató
de examinar el expediente de CONATEL, pero los funcionarios
del organismo no respondieron de inmediato a la solicitud. "Hemos
intentado hallar pruebas de que el gobierno siguió un
procedimiento administrativo claro pero no hemos podido corroborar
la afirmación del gobierno de que la decisión
estuvo fundamentada en la aplicación estricta de la ley",
manifestó Uceda.
RCTV ha invocado varios argumentos
a favor de la renovación de su concesión.
El presidente del canal, Marcel Granier, señaló
que CONATEL no había respondido a la solicitud formal
de renovación de RCTV, conforme lo requiere la legislación
vigente, y que el silencio administrativo implicaba la prórroga
de la concesión. RCTV explicó que no había
tenido la oportunidad de defenderse de las acusaciones del gobierno
o dar sus argumentos para la renovación. La televisora
argumenta que, según su interpretación de la ley,
la concesión continuaba vigente hasta el 2022.
La delegación CPJ-IPYS
considera que la ausencia de criterios explícitos para
la renovación de las concesiones pudiera tener implicaciones
para otras televisoras y emisoras de radio.
"Tomo muy en serio los planteamientos
del gobierno respecto a la necesidad de tener diversidad en
la propiedad de los medios de comunicación y lo deseable
de alentar cooperativas, pequeñas emisoras comunitarias
y experimentos con régimen de propiedad mixta pública-privada.
Al mismo tiempo considero que no se puede lograr eso y evitar
la apariencia de politización indebida sin que exista
un proceso transparente", comentó Navasky, miembro
del directorio del CPJ. "Aunque no subestimamos las frustraciones
de tratar con medios hostiles, con todo respeto exhortamos al
gobierno a mostrar un mayor compromiso con las exigencias de
la libertad de expresión".
Las investigaciones del CPJ y
el IPYS demuestran que el gobierno venezolano ha intentado limitar
el trabajo de la prensa en los últimos dos años.
En enero del 2005, la Asamblea Nacional incrementó de
manera drástica las sanciones penales por los delitos
de difamación, calumnia e injuria mientras ampliaba las
categorías de funcionarios gubernamentales protegidos
por las disposiciones respecto al desacato, las cuales sancionan
penalmente expresiones consideradas ofensivas a funcionarios
públicos e instituciones del Estado. La Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión, promulgada en el 2004,
entró en vigor al año siguiente.
*Fuente: Comité para la
Protección de los Periodistas (CPJ), http://www.cpj.org
e Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), http://www.ipys.org